El amparo de salud es un recurso legal de ágil resolución, previsto para situaciones que exigen la intervención urgente de un juez con la finalidad de proteger el derecho a la salud.
Se trata de un proceso judicial orientado a resolver rápida y eficazmente cualquier caso en el que se vulneren derechos o garantías constitucionales por actos u omisiones de autoridades públicas o privadas, de manera actual o inminente. Es un recurso ágil y eficiente para recuperar el ejercicio de un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos, la Convención sobre discapacidad, los derechos de los niños y en toda norma local que respalde el pleno derecho a la salud.
Es una herramienta legal que puede interponerse cuando el derecho a la salud es lesionado, restringido, alterado o amenazado, con arbitrariedad o manifiesta ilegalidad frente al incumplimiento, demora o postergación indefinida de servicios prestados por parte de obras sociales, empresas de medicina prepaga o cualquier otra clase de institución de salud, e incluso por el propio Estado.
Aunque los motivos pueden ser muy diversos, los amparos de salud suelen presentarse en aquellas circunstancias en las que una obra social o prepaga se niega a brindar al afiliado las prestaciones médicas correspondientes como, por ejemplo, coberturas en instituciones especializadas o clínicas de rehabilitación, tratamientos para fertilización o enfermedades crónicas, autorizaciones para estudios de alta complejidad, medicación, prótesis, cirugías, traslados e internaciones, entre muchas otras.
Puede hacerlo toda persona física, a quien se le niegue o condicione el ejercicio del derecho a la salud, a través de un abogado. El amparo de salud debe presentarse por escrito en sede judicial. Si el demandante no puede realizar los trámites pertinentes por sus propios medios, tiene la posibilidad de designar a un apoderado para que actúe en representación suya.
Por su carácter de urgencia, puede interponerse en los tribunales en cualquier momento del año, incluso en durante la feria judicial.
La acción de amparo es muy expeditiva: puede demorar alrededor de 6 meses. Sin embargo, en un plazo no mayor a los 20 días de iniciarse el trámite, el derecho vulnerado queda protegido de manera provisional gracias al dictado de una medida cautelar. Ello permite poder acceder al tratamiento y/o medicación prescrita por el médico tratante y, consecuente evitando así deterioro en la calidad de vida del amparista en lo que demora la tramitación del juicio.
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